Secretaria de la Función Pública trabajando fuerte contra la corrupción en México
La Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió sancionar a nueve empresas que en sus reportes colocaron información no verdadera. Es así como las empresas además de inhabilitadas fueron multadas por un monto de 18 millones de pesos; la razón fue el incumplimiento de contratos con el ISSSTE y con el IMSS en el periodo de emergencia vivido por el Covid-19.
Contra la Corrupción, SFP trabaja fuerte
Las sanciones aplicadas a las nueve empresas contratistas consisten en su inhabilitación, así como la imposición de una multa de 18 millones de pesos 527 mil 670 pesos; todas ellas pertenecientes al sector salud. De esta manera, las empresas sancionadas falsearon información y no conforme con eso adulteraron, falseando información importante en sus informes.
La Secretaría de la Función Pública al realizar las revisiones correspondientes, con mayor rigor, se percataron de las irregularidades existentes en el informe y la discordancia con la realidad expuesta en ellos.
Las firmas serán penalizadas
La empresas donde se detectó la irregularidad y que fueron sancionadas por los Órganos Internos de Control (OIC), según la SFP son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Insumos Médicos Geva, Degasa, Grupo Constructor Vadonne y Clayton Med Prime, Dibiter Kingsmac de México.
De esta manera, por medio de un comunicado, la dependencia señaló que acorde con su política de cero tolerancia al abuso, a la corrupción y a la impunidad, se tomo la decisión de penalizar durante el mes de noviembre al número de compañías ya referido, por lo que no podrán celebrar acuerdos con la administración pública durante más de tres años.
A través de un comunicado por medio de Twitter, la Secretaría manifestó su afán por el cumplimiento de un sistema de salud más honesto y donde el estado garantice el interés público y auspicie el derecho a la salud para todos los mexicanos.
La salud es un derecho humano fundamental
Así mismo el comunicado, indicaba que, la Secretaría esta poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental, asegurando su posición de manera enfática.
De acuerdo con la SFP, bajo la dirección de Irma Eréndina Sandoval Ballesteros, la determinación se dio luego de revisar las contrataciones del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante la emergencia por el Covid-19.
Un daño grave a la nación y a sus habitantes
De la misma manera, en el escrito resalta que las firmas o empresas han causado un daño grave al obstaculizar el trabajo del personal médico y la atención a la salud de los derechohabientes.
Es así como la Secretaría de la Función Pública refrenda su compromiso de trabajar con transparencia y legalidad, y ratifica su permanente vigilancia para resguardar el buen uso del erario federal y combatir la impunidad, ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas.